En la noche del jueves concluyó el proceso de retorno escalonado de la comunidad Embera asentada en Bogotá, una operación posible gracias al trabajo articulado de cerca de diez entidades distritales y nacionales, con acompañamiento del Ministerio Público.
La jornada inició el lunes 8 de septiembre con la salida de 516 personas desde el Parque Nacional. Posteriormente, el miércoles retornaron 568 desde el asentamiento de La Rioja y, finalmente, este jueves, 380 personas partieron de La Florida en 13 buses. En total, 1.468 Emberá regresaron a sus resguardos en Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó).
El último día transcurrió en completa calma y con agilidad. Desde muy temprano, las familias y los equipos institucionales empacaron sus enseres, que fueron trasladados en siete camiones.
La Secretaría de Gobierno acompañó la coordinación logística y el diálogo intercultural, a través de su Dirección de Asuntos Étnicos, garantizando en todo momento los derechos de la comunidad. Asimismo, lideró las labores de limpieza y recuperación de los lugares de asentamiento, con el propósito de devolver el espacio público a la ciudadanía.
Por su parte, la Secretaría de Integración Social garantizó la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes durante el proceso. Entre el 9 y el 11 de septiembre, 356 hogares Emberá reclamaron su apoyo económico en la oficina del Banco Agrario de Pueblo Rico (Risaralda). Solo el 11 de septiembre se realizaron 216 pagos, el día de mayor atención, lo que representa el 48 % de los hogares beneficiarios.
El objetivo de estas acciones es asegurar condiciones dignas y sostenibles para las familias retornadas, fortaleciendo su seguridad alimentaria, estabilidad económica y ejercicio de derechos en sus territorios de origen.
Sin embargo, cerca de 200 personas decidieron permanecer en la capital, lo que generó tensiones entre la comunidad y las instituciones locales. El Distrito reportó tres funcionarios lesionados tras disturbios en el Parque Nacional, donde un líder de cerca de 100 indígenas que optaron por quedarse habría intentado chantajear a las autoridades.
En adelante, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación avanzará en la Ruta de Integración Local con las familias que permanecen en Bogotá, con el fin de contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad.
El reto para las entidades nacionales será garantizar condiciones de habitabilidad a los integrantes de la comunidad que retornaron a sus territorios de origen.