Ante un posible escenario del cambio de diseño en gran parte del trayecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la Veeduría Distrital alertó que dicha modificación podría generar riesgos económicos, jurídicos y técnicos.
Para la veedora Viviana Barbenera, es fundamental que no exista pérdida de los recursos invertidos en los componentes de estructuración del proyecto; estudios y diseños; avalúo, compra y demolición de predios; traslado de redes de servicios públicos, así como en las obras tales como: la adecuación del lote del patio-taller y el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas.
Cabe señalar que el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, cuenta hoy con la disponibilidad de más del 90% de los 1.427 predios requeridos, y que se han demolido ya más de 1.100 predios.
En cuanto a la adecuación del terreno del patio-taller en la localidad de Bosa, la actividad alcanza un avance del 63%, mientras que los estudios y diseños de detalle tienen un avance superior al 85% y el traslado anticipado de redes de servicios públicos está por encima del 90% de lo requerido para la totalidad del proyecto.
La Veeduría Distrital aconseja tener cuidado en la toma de decisiones que puedan ocasionar incumplimiento del contrato. En este contexto, cabe resaltar que las eventuales adiciones presupuestales al contrato derivadas de cualquier modificación no podrán en ningún escenario exceder el 50% del valor inicialmente contratado, situación a la que obliga el artículo 40 de la ley 80 de 1993.
Se debe tener en cuenta que una eventual modificación al proyecto se deberá contar con la “No objeción” de los financiadores actuales, los cuales corresponden a entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco de Inversiones Europeo.
El organismo de control insta a las autoridades nacionales y distritales a tomar decisiones sobre el proyecto que no ocasionen detrimento patrimonial, aumento en el tiempo de construcción, incumplimiento del contrato, rechazo por parte de los financiadores del proyecto e incertidumbre en la seguridad jurídica en próximos contratos.
De igual manera, este proceso no puede generar incertidumbre jurídica y contractual en las grandes obras públicas que se necesitan, específicamente las futuras líneas de metro para Bogotá.
