Un equipo de la Defensoría del Pueblo realizó una visita a la cárcel La Picota para verificar la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, quienes desde el pasado lunes entraron en desobediencia pacífica y huelga de hambre para manifestar inconformidades relacionadas con sus derechos a la alimentación, la salud, entre otros.
Los funcionarios se reunieron con 20 representantes del Comité de Derechos Humanos, que son voceros de las 3.080 personas privadas de la libertad recluidas en la estructura del Patio 3 del penal, las cuales manifestaron deficiencias en las condiciones en las que están recibiendo sus alimentos; así como retrasos en las horas de distribución de los mismos.
La población privada de la libertad pide que se realice una mesa de trabajo con el representante legal del consorcio que provee la alimentación, con el interventor del contrato, con la USPEC, el Ministerio de Justicia, el DAPRE y el INPEC, a instancias de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de buscar una solución adecuada a sus reclamos.
Los representantes de la población carcelaria se comprometieron a suspender la desobediencia pacifica hasta la próxima semana, en caso de que se logren las soluciones.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que se tomen las medidas necesarias, con el fin de superar la crisis en materia de alimentación que se registra en La Picota.
Dicho llamado se extendió a los demás centros de reclusión para garantizar el derecho a una alimentación en condiciones de dignidad humana.
Además, se instó a las entidades responsables de la atención a las personas privadas de la libertad para entablar un diálogo con esta población y mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio de alimentación.
