En unas auditorías la Contraloría de Bogotá encontró una serie de hallazgos fiscales por 9.228 millones de pesos a la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio.
Según el órgano de control, el 55.3% de los hallazgos, es decir $5.106 millones, se registró en la Secretaría de Movilidad por falta de gestión de cobro de 11.025 infracciones de tránsito (impuestas entre 2016 y 2021) que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión de cobro.
El 6% de los comparendos analizados (11.929 comparendos) no corresponden a la infracción establecida, el 40% de los acuerdos de pagos fueron remitidos sin mandamientos de pago y el 8% de los documentos no corresponden al infractor.
En el IDU se configuraron tres hallazgos fiscales por más de $2.335 millones, principalmente por incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios, diseños y valores adicionales por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra para el proyecto de la Avenida Guayacanes que aún está en ejecución.
Además, se comprobó haber presupuestado estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la Troncal Caracas en el tramo uno.
En el caso de Transmilenio se comprobó un hallazgo fiscal por $1.787, al documentarse que los recursos destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte, en realidad se invirtieron en bienes y servicios (bonos y anchetas que se les dieron a los policías) que no corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema.
Los hallazgos fiscales fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal a fin de que se adelanten las indagaciones del caso, de tal manera que se logre el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Distrito.
