La Superintendencia de Notariado y Registro sancionó a la administración municipal de Soacha y a la empresa Catastro Avanza con multas superiores a mil millones de pesos por haber aplicado incorrectamente los estándares y procedimientos técnicos en el proceso de actualización catastral, entre otras infracciones que resultaron en devaluaciones abruptas entre 2020 y 2021.
Esta decisión había sido apelada meses atrás tanto por el municipio como por Catastro Avanza S.A.S., operador encargado de las actualizaciones, ya que ambas entidades estaban en desacuerdo con el fallo. No obstante, la decisión no estaba en firme hasta el 8 de octubre.
El municipio, en su calidad de gestor catastral, deberá pagar $712.140.000, mientras que Catastro Avanza, en su calidad de operador catastral, deberá pagar $534.105.000.
Al conocer esta decisión, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, señaló que este es el resultado de decisiones erróneas que, tras tres años, siguen afectando el desarrollo de la ciudad y el bolsillo de sus habitantes, como consecuencia de un impuesto predial que perjudica la economía familiar.
«Sin embargo, con los mismos impuestos de la ciudadanía se debe pagar la sanción impuesta por la Superintendencia. Soacha, al ser la mayor accionista de Catastro Avanza, también debe responder por la mayor parte de la sanción a este operador. Es decir, 700 millones de sanción para la ciudad y una gran parte de los 500 millones con los que se sancionó a Catastro», señaló el mandatario.
Sánchez anunció que en las próximas semanas radicará un proyecto de acuerdo para la liquidación de la empresa Catastro Avanza.
«Esta es una empresa que no le representa beneficios a la ciudad y que sí le ha causado mucho daño. Alguien tiene que responder por los procesos inadecuados, y debe ser el operador. Soacha, por su parte, seguirá con la conservación catastral que le corresponde para los próximos años en el territorio», añadió el alcalde.
La Superintendencia de Notariado radicará oficios ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación en contra de todos los funcionarios involucrados en este proceso catastral, con el fin de que se reconozcan las responsabilidades correspondientes.