El Consejo de Estado admitió un recurso de apelación presentado por el Distrito que busca la suspensión de un fallo arbitral, que obligaba a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos a pagar 64 mil millones de pesos al consorcio CGR, operador del Relleno Doña Juana por perjuicios en el contrato de operación.
De acuerdo con la decisión, no quiere decir que el Distrito no pague dicha sanción, sino que los magistrados analizarán el recurso y tomarán una decisión de fondo para declarar o no la nulidad del laudo arbitral.
A pesar del fallo, la alcaldesa Claudia López celebro la decisión a través de su cuenta en la red social X. “Seguiremos defendiendo a los bogotanos de los abusos de concesionarios o contratistas. Iremos hasta las últimas consecuencias para defender el bolsillo de los bogotanos del abuso de las concesiones de basuras”.
Sin embargo, la mandataria lanzó un duro cuestionamiento al sistema judicial, el cual ha perjudicado a los bogotanos.
“La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos tipo sastre a la medida de intereses particulares y contrarios a la Ley”, añadió la mandataria.
El origen del pleito entre el Distrito y CGR proviene del contrato de concesión 344 de 2010, para el tratamiento de lixiviados y de optimización de la planta y del sistema, el cual para el Distrito, no se ha hecho, e incluso está en peores condiciones de las que fue entregada en su momento por la Alcaldía.
El pasado mes de abril, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá no accedió a las pretensiones del operador CGR, que ascendían a 1.2 billones de pesos, reconociendo solo el 5% de lo solicitado, por lo que se solicitó una revisión por parte del Distrito.
Además, no se accedió a la extensión del plazo del contrato y en consecuencia, no podrá operar el relleno más allá de la licencia actual, que se cumplirá entre los años 2024 y 2025.
La UAESP presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los representantes legales de CGR Doña Juana, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.
