Tras evidenciar que el Ministerio de Ambiente, como punto focal de la Convención de Ramsar, no tiene competencia para imponer medidas preventivas para la suspensión de actividades al interior del complejo de humedales urbanos del Distrito, la Procuraduría General de la Nación pidió revocar la resolución que ordena medidas de protección sobre los ecosistemas Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque.
De acuerdo con el órgano de control, si bien es fundamental velar por la gestión ambiental y la protección de estos ecosistemas de gran importancia, son las autoridades ambientales urbanas, dentro del ámbito de su jurisdicción, las que deben desarrollar los instrumentos y acciones necesarias para promover la defensa de los ecosistemas estratégicos en sus territorios.
El documento expone que la competencia del ministerio se enmarca en reclamar ante dicha autoridad ambiental la imposición de las medidas de protección y conservación que sean necesarias y sus respectivos procesos sancionatorios.
La Procuraduría llamó la atención sobre la necesidad de garantizar el principio de legalidad y el respeto por la autonomía y competencia de las autoridades ambientales regionales y urbanas, señalando que el Ministerio de Ambiente estaría extralimitándose en sus funciones al exigir una serie de estudios y requisitos que no se encuentran contemplados en las normas que regulan la materia.
Finalmente, el ente pidió que la autoridad ambiental que debe evaluar dichos impactos sobre los humedales sea la Secretaría Distrital de Ambiente.