La Personería de Bogotá realizó operativos de control en parqueaderos de nueve localidades, donde identificó múltiples irregularidades en su operación. Como resultado, tres establecimientos fueron sellados en Bosa, Engativá y Mártires. En Fontibón, uno redujo su tarifa de forma inmediata, y en Chapinero otro fue objeto de una querella por incumplir normas mínimas de funcionamiento, accesibilidad y seguridad.
Durante las visitas, se encontraron parqueaderos con tarifas injustificadas, sobreocupación de espacios, y algunos que operaban sin documentación habilitante —como pólizas— ni cumplimiento de requisitos técnicos y urbanísticos. Además, varios no contaban con las dimensiones reglamentarias exigidas para cada tipo de vehículo, ni con zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, lo que representa una vulneración a la normatividad vigente en materia de accesibilidad y uso adecuado del espacio público.
En Fontibón, el parqueadero de un centro comercial cobraba la tarifa máxima legal de $191 por minuto, a pesar de no contar con una estructura en altura o subterránea, como lo exige la norma para aplicar dicho valor. Tras la observación, el establecimiento redujo la tarifa a $100 por minuto.
En Chapinero, el parqueadero de un teatro presentaba sobreocupación, con espacios tan estrechos como 1,60 metros de ancho, lo que aumentaba el riesgo de accidentes y dificultaba la evacuación. Además, el espacio asignado para personas con movilidad reducida estaba ubicado frente al cuarto eléctrico del edificio, lo cual es ilegal.
Por otra parte, la Personería evidenció que varias alcaldías locales —como Chapinero, Fontibón, Usaquén, Bosa, Engativá, San Cristóbal, Barrios Unidos y Usme— no han utilizado sus equipos de metrología legal desde 2019, debido a la falta de calibración o de personal capacitado.
El Ministerio Público hizo un llamado a las alcaldías locales a ejercer con rigor sus funciones de inspección, vigilancia y control, y a proteger los derechos de los consumidores para evitar abusos en cobros y servicios que no se ajustan a la normativa vigente.