Ante la Comisión Quinta del Senado, la alcaldesa Claudia López explicó los múltiples incumplimientos en los que ha incurrido el consorcio CGR, que opera el Relleno Sanitario Doña Juana como las fallas en la construcción de la planta de lixiviados, irregularidades en la operación del relleno, entre otros que afectan la salud y el ambiente de los bogotanos.
La mandataria señaló que después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, “CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”.
Recordó que entre 2014 y 2018 se actualizó la tarifa de aseo y se multiplica por cuatro. Sin embargo, el consorcio demandó a la ciudad, aduciendo que está perdiendo y que está cumpliendo. “Este pleito lo ganaron los bogotanos, sus pretensiones fueron negadas y lo condenaron a cumplir”.
Claudia López culpó a la administración del ex alcalde Enrique Peñalosa de revivir el pleito con CGR que hoy está a punto de que lo pierda la ciudad.
“CGR NO cumplió su contrato y aún con un fallo en su contra, en 2019 vuelve a demandar pidiendo que los bogotanos le paguemos $1,2 billones. Este es un tema de ética y de defensa de derechos de los bogotanos”, añadió López.
La alcaldesa pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dar por terminado el contrato de concesión e iniciar el proceso para cumplir el acuerdo de emergencia climática.
Al tiempo, se le está pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la licencia ambiental para reorganizar el predio de doña Juana como parque de innovación tecnológica.
La Alcaldesa Mayor pidió que en el marco del Plan Nacional del Desarrollo (PND) se puedan regular los estándares técnicos que permitan fijar las tarifas para el tratamiento de residuos sólidos.
Durante el debate, la mandataria reiteró que la Unidad Administrativa de Servicios Público (UAESP) instauró una acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación contra Mauricio Bernal Marcucci, en su calidad de representante legal del consorcio y contra todos quienes hayan actuado en representación del consorcio desde el año 2010.
Aseguró que CGR se comprometió en ocho meses a optimizar la planta de lixiviados, recordando que se había ganado la licitación porque ofreció un descuento hasta del 10%. Sin embargo, al pasar los ocho meses no se cumplió con la optimización e iniciaron las auditorías en su contra.
Concluyó que el consorcio CGR “es un contratista de mala fe, que dilata, que incumple y que miente a los bogotanos».
