La Personería de Bogotá advirtió que más de mil procesos disciplinarios contra servidores públicos podrían prescribir debido a vencimientos en sus términos de trámite.
De acuerdo con la entidad, de los 11.892 procesos que adelantan las 52 entidades del Distrito, 1.068 (8,2 %) están en riesgo de prescripción; apenas el 9,6 % (1.142) se encuentra en etapa de juzgamiento y solo el 1,2 % tiene fallo en primera instancia.
Según el diagnóstico, este panorama se debe, en parte, a la falta de soporte tecnológico: el 79,7 % de las entidades no cuenta con un sistema automatizado. Apenas dos de cada diez usan plataformas digitales para administrar términos, mientras que el resto continúa con controles manuales, lo que incrementa los riesgos de vencimientos y dilaciones.
El informe también identifica como principales factores que afectan la gestión de las Oficinas de Control Disciplinario Interno (OCDI) la rotación constante de funcionarios (21 %), la debilidad en equipos tecnológicos (20 %), la escasez de personal (18 %), la falta de capacitación permanente (17 %) y la limitación de recursos financieros (14 %).
En cuanto a los vencimientos, de 4.916 indagaciones previas, el 38 % ya caducó, y de 4.299 investigaciones disciplinarias, el 32 % superó los términos. Solo en 2024 prescribieron 83 procesos, y en lo corrido de 2025, hasta el 15 de agosto, ya van 71 procesos prescritos, mientras que otros 1.086 se encuentran en riesgo de prescripción.
Las faltas disciplinarias más frecuentes están relacionadas con el servicio o la función pública (32 %), irregularidades en la contratación (22,8 %), fallas en el servicio, función o trámite de asuntos oficiales (20,7 %), afectaciones a la moralidad pública (7,2 %) e inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos o conflictos de intereses (6,7 %). También se registran casos por vulneración de derechos fundamentales, intervención en política, irregularidades en el manejo de recursos públicos y acciones de repetición.
Por otro lado, el informe destaca que el 98 % de las entidades ya cumplió con la separación de roles, es decir, de las 52 entidades distritales, 49 cuentan con oficinas diferenciadas de instrucción y juzgamiento.
Finalmente, la Personería recomendó fortalecer las capacidades técnicas de las OCDI en aspectos como formulación de cargos (22 %), proporcionalidad en la sanción (20,8 %), contratación estatal (14 %), práctica y valoración de pruebas (14 %) y aplicación de enfoque diferencial para la valoración de casos de acoso sexual (13 %).