La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra dos funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura, y la Alcaldía de Soacha por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio para el suministro de la alimentación escolar en colegios del municipio.
Los funcionarios involucrados son la secretaria del despacho, Gloria Álvarez Tovar; y el profesional universitario Óscar Javier Rodríguez Díaz, quienes habrían exigido a los proponentes algunos requisitos que no eran necesarios, justos ni proporcionales, además se profirió cargos a los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga.
Según el órgano de control, la secretaria Gloria Álvarez Tovar al parecer incurrió en una falta disciplinaria por la presunta omisión de los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal en el momento de estructurar los estudios previos y su posterior adjudicación.
Además, posiblemente inhabilitó a un proponente, al que tampoco se le dejó subsanar una falencia relacionada con la experiencia previa requerida.
En el caso de Oscar Rodríguez Díaz, se evidenció que en la etapa contractual suscribió los estudios previos y escritos con los que se dio respuesta a las observaciones en los prepliegos y pliegos definitivos de la licitación.
Sobre los contratistas, la Procuraduría señaló que fungieron omo miembros de del comité evaluador de la licitación con la que se adjudicó el PAE y participaron en la elaboración del informe de verificación jurídica final en la que se excluyó a uno de los interesados en el proceso, sin poder corregir uno de sus errores.
Los funcionarios investigados, pudieron pasar por alto el cumplimiento de instrucciones y el seguimiento a directrices impartidas por la entidad, por lo que de manera provisional calificó las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
