Desde la noche del miércoles, un grupo de 70 indígenas de la comunidad Emberá ha intentado tomarse el Parque Nacional en protesta por los presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional en el proceso de retorno a sus comunidades.
De este grupo, se identificó que cerca de 30 menores de edad estarían durmiendo en condiciones precarias sobre el andén de la Carrera Séptima, en medio de una presunta instrumentalización por parte de adultos.
Ante esta situación, el Distrito ofreció a las madres el servicio del Centro Amar, un espacio habilitado para que los menores puedan pasar la noche en condiciones dignas, con acompañamiento psicosocial y alimentación. Sin embargo, la propuesta fue rechazada bajo el argumento de que la denominada “guardia indígena” no les permite salir del lugar y las obliga a permanecer en el campamento.
La Secretaría de Integración Social alertó sobre una posible instrumentalización de niños y niñas, lo que representa un grave riesgo para su integridad física y emocional.
“Estamos ante un caso de uso indebido de menores. Es inaceptable que se impida el acceso a servicios de protección por decisiones impuestas por terceros”, advirtió el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
La entidad interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta instrumentalización de menores en protestas y por el constreñimiento ejercido por la Guardia Indígena para impedir el acceso a servicios sociales a población vulnerable.
Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán encendió las alertas y pidió al Gobierno Nacional asumir su responsabilidad frente al retorno de esta población a sus territorios de origen.
“Por eso le hago un llamado al ICBF, particularmente, para que actúe en el restablecimiento de derechos de estos menores de edad que están allí, cuyos derechos están siendo vulnerados. También le hago un llamado a la doctora Gloria Cuartas, de la Unidad de Víctimas, y al Gobierno Nacional, para que hagan lo que les corresponde”, manifestó Galán.
El mandatario recalcó que la responsabilidad de garantizar el retorno de esta población recae en el Gobierno Nacional, no en Bogotá. Además, denunció que hay menores durmiendo en andenes, sin protección frente al clima ni acceso adecuado a servicios básicos.
“Nos encontramos con que incluso las mamás estaban dispuestas a que nos lleváramos a los niños al Centro Amar o a trasladarse a un hospedaje, pero en el momento en que se iban a levantar, la Guardia Indígena venía y las obligaba a quedarse. Ellas temen a la Guardia Indígena, se sienten obligadas y presionadas”, puntualizó el alcalde.
Finalmente, el Distrito activó la ruta de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría de Familia ante el presunto riesgo de vulneración de derechos de una niña de 7 meses que hace parte de la manifestación en el Parque Nacional.