El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, volvió a criticar el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que busca establecer lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá, argumentando que generaría graves implicaciones para el futuro de la región.
Según el mandatario, esta medida representa un nuevo ataque a la autonomía territorial y constituye una violación a la ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Galán advirtió que la resolución afectaría el desarrollo de planes estratégicos en áreas clave como vivienda, protección del medio ambiente, acceso a la energía y garantía del suministro de agua para la ciudad. Además, señaló que la propuesta es ilegal, ya que incumple el Acuerdo de Escazú, que establece reglas para la definición de procesos ambientales, y no fue construida en coordinación con las autoridades locales.
«Aquí no hay ningún respeto por la autonomía territorial, es una imposición que ignora el proceso institucional que Bogotá y la región han desarrollado durante años», afirmó el alcalde.
Impacto en decisiones judiciales y ordenamiento territorial
La resolución impactaría procesos judiciales relacionados con el río Bogotá y los Cerros Orientales, casos resueltos por el Consejo de Estado y actualmente supervisados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entre las obras afectadas estarían la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas y los proyectos de recuperación y conservación de los cerros.
Asimismo, cerca de 172.000 familias, incluidas las de seis barrios en proceso de legalización, verían sus viviendas catalogadas como “humedales”, lo que dificultaría su regularización. Esta situación afectaría también a 30.000 viviendas nuevas entregadas en 17 planes parciales y a otras 120.000 en construcción, muchas de ellas con subsidios gubernamentales.
Más de 115.000 niños, 26.000 adultos mayores y 20.000 comercios que operan en las áreas señaladas en la resolución quedarían en una situación de incertidumbre.
Riesgo para proyectos estratégicos de movilidad
Galán advirtió que la resolución pondría en riesgo obras clave de infraestructura que mejorarían la movilidad y calidad de vida de millones de personas. Entre los proyectos que podrían verse afectados se encuentran:
- Patio Taller y trazados de las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá
- Trazado de la línea 3 del Metro
- Avenida Longitudinal de Occidente (ALO)
- Prolongación de la Calle 63
- Proyecto Ciudad – Aeropuerto
- Avenida Suba – Cota
- Cable a La Calera
- Regiotram de Occidente
- Troncal de la Calle 13
- Puente vehicular y ciclopuente de Tibanica
- Corredor de la Carrera Séptima y Autopista Norte
Afectaciones a servicios públicos
El proyecto también generaría restricciones en la prestación de servicios públicos, ya que impediría intervenciones en predios donde se ubican las PTAR Canoas y Salitre, así como en los embalses de Chuza, La Regadera y San Rafael. Esto comprometería la infraestructura energética que garantizaría el suministro de electricidad para Bogotá en el mediano y largo plazo.
«Existen otros equipamientos esenciales que quedarían dentro de zonas declaradas como humedales y pasarían a formar parte de la estructura ecológica principal. Hablamos de 83 sedes educativas, 9 centros de salud, 12 de integración social, 11 de seguridad y 9 espacios recreativos», añadió Galán.
Acciones del Distrito
Ante este panorama, el alcalde exigió al Gobierno Nacional el retiro del proyecto de resolución y el inicio de un proceso coordinado que garantice la construcción participativa de los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana.
Además, convocará al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes de los municipios afectados para exigir conjuntamente que el Gobierno Nacional tenga en cuenta a los territorios en la toma de decisiones y no imponga unilateralmente sus criterios.
Se fomentará la participación ciudadana, ya que el proyecto afectaría a más de 600.000 personas en 138 barrios de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.
Finalmente, el Distrito anunció que, de no retirarse la resolución, tomará acciones legales de tipo administrativo y penal para proteger los derechos de la ciudadanía.