El concejal Daniel Felipe Briceño, denunció públicamente que el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó el pasado 28 de abril un contrato por 39.000 millones de pesos con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), apenas tres días antes de las movilizaciones convocadas por el Gobierno Nacional para el Día del Trabajo.
Según el cabildante, el contrato tiene como objetivo implementar acciones diferenciales en el sistema de salud indígena, pero contempla partidas que generan preocupación. Entre ellas, pagos diarios de entre 50.000 y 70.000 pesos por persona para alimentación en ollas comunitarias, así como montos de entre 1 y 4 millones de pesos por vehículo (chivas, buses o camiones) destinados al transporte de integrantes de comunidades indígenas.
Además, el convenio establece la contratación de 530 personas, distribuidas en 138 coordinadores de salud, 138 líderes políticos, 138 sabedores ancestrales y varios líderes zonales de apoyo. Las actividades contempladas incluyen “reuniones de sabedores ancestrales”, “espacios de fortalecimiento espiritual y ancestral”, y jornadas de “intercambio de sabores y saberes”.
Briceño señaló que el contrato fue publicado, ofertado y firmado en un corto lapso entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. del 28 de abril, justo cuando se registraban disturbios en la Universidad Nacional, donde permanece parte de la minga indígena.
El concejal también alertó que este sería solo el primer acuerdo de varios previstos entre el CRIC y el Gobierno Nacional para 2025, cuyo valor total podría ascender a 300.000 millones de pesos. “Así están movilizando a las comunidades indígenas a las marchas y aceitando la maquinaria de la consulta popular”, afirmó Briceño.
Además, reveló que en los últimos cuatro meses el Ministerio del Interior ha girado cerca de 10.000 millones de pesos a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), organización que ha liderado el traslado de la minga a Bogotá.
Para Briceño, existe una relación directa entre estos recursos y el respaldo a la eventual consulta popular promovida por el Gobierno. “El apoyo a la consulta popular por parte de los indígenas no es gratis”, concluyó.