La Contraloría de Bogotá abrió una indagación previa para determinar un posible sobrecosto en los contratos celebrados por los 20 Fondos de Desarrollo Local para ejecutar la Política Pública de Protección y Bienestar Animal en las vigencias 2023 y 2024.
De acuerdo con el órgano de control, se revisarán las inversiones hechas en implantación de microchips, esterilización animal, brigadas veterinarias, programas de adopción, campañas de sensibilización, atención de urgencias, adquisición de medicamentos y suministro de alimentos en las Alcaldías Locales.
“Esta indagación es producto de denuncias que han sido formuladas por congresistas, algunos concejales y ciudadanos en general, relacionadas con el manejo de recursos destinados a la política pública de protección y bienestar animal”, señaló Andrés Rojas Palomino, director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría.
La indagación preliminar estará a cargo de un equipo interdisciplinario, con el fin de obtener conclusiones y determinar los presuntos responsables del posible sobrecosto.