El órgano de control fiscal encontró 33 hallazgos administrativos contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que ascienden a los 111.525 millones de pesos.
15 de estos hallazgos tienen una presunta incidencia disciplinaria, mientras que 14 de ellos son fiscales, por hechos relacionados por obras y el pago de multas, sanciones e interés de mora impuestas por entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Dentro de las principales causas que el organismo de control evidenció como presunto daño al patrimonio fueron:
• El pago de $60.178 millones a la DIAN por inexactitudes en las declaraciones de renta e impuestos complementarios, autoliquidadas y presentadas en los años gravables 2018 y 2019, (pero pagadas en 2019 y 2020), que llevaron a sancionarla con multas por cerca de $4.000 millones, más el pago de intereses de mora que superaron los $56.000 millones.
• Un presunto daño patrimonial por $15.695 millones por la ejecución de las obras de adecuación del Corredor Ambiental del Río Tunjuelo-Chingaza que después de 24 meses de culminadas no han sido recibidas a satisfacción (por problemas que registra la construcción), no se ha liquidado el contrato, tampoco se encuentra al servicio de la comunidad y la obra ya tiene alto grado de deterioro por lo que la zona se ha vuelto insegura.
• Un presunto daño al patrimonio por $13.932 millones por un convenio suscrito entre la Empresa de Acueducto y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para la realización de estudios y diseños que condujeran a la estructuración técnica, legal y financiera de la obra y la operación del Parque Ecológico y Cable Aéreo San Rafael, por estudios y diseños que no se pudieron aplicar debido a una medida cautelar y la solicitud de no realizar cualquier obra o construcción en el Embalse San Rafael.
Otros tres hallazgos fueron relacionados por obras contratadas de la Empresa de Acueducto, al detectar falencias en la planeación de los contratos, en especial en la expedición de las licencias necesarias, dependiendo la obra y expedidas por la Secretaría de Ambiente, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El Acueducto Responde
A través de un comunicado, la Empresa de Acueducto de Bogotá entregó respuesta y evidencias que
demuestran la probidad de la gestión realizada y la no existencia de daño al patrimonio público. Sin embargo, la Contraloría no considero procedentes los argumentos.
Según la entidad, los hallazgos se realizaron sobre contratos celebrados en 2016 a 2019.
La Contraloría de Bogotá revisó y encuentra que la información financiera y presupuestal de la Empresa es sólida y por ello fenece la cuenta del año 2022.
