La Contraloría de Bogotá configuró hallazgos fiscales por $2.274 millones en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, por presuntas irregularidades en los pagos relacionados con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del sistema de videovigilancia de la ciudad.
Los hallazgos fueron establecidos por la Dirección de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría, en el marco de una Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados, donde figura el contrato SCJ-1816 de 2023, suscrito “para la prestación de servicios de mantenimiento del sistema de videovigilancia”.
Según el ente de control, en 1.034 visitas de mantenimiento correctivo realizadas durante 2024 a diferentes puntos del sistema, el contratista se limitó a realizar diagnósticos y a escalar los daños a terceros como Enel Codensa o la ETB para su solución. Aun así, cobró por estos servicios como si los hubiera ejecutado directamente.
La Contraloría señaló además que la supervisión del contrato, a cargo de la Secretaría de Seguridad, aprobó los pagos correspondientes a dichos servicios.
De acuerdo con el informe, los daños reportados que fueron trasladados a terceros no podrían ser facturados por el contratista, dado que este no ejecutó la reparación directamente.
En consecuencia, la Contraloría de Bogotá estableció que las 1.034 visitas de mantenimiento facturadas indebidamente configuraron los hallazgos fiscales, al haberse cobrado por servicios que no se prestaron en su totalidad.
Los resultados de la auditoría fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría para determinar los responsables y adelantar las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos.