La iniciativa contiene las bases para garantizar los derechos y la inclusión social de más de 245.000 personas en condición de capacidad diferencial, sus familiares y cuidadores, para los próximos 12 años.
La política pública tendrá una inversión de 2.2 billones de pesos y cuenta con herramientas de inclusión y equidad, agrupadas en cinco objetivos y 13 componentes, entre los que se destacan: inclusión digital de las personas con capacidades diferenciales; reconocimiento de las personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales; fortalecimiento de redes familiares y comunitarias; y transformación de paradigmas y representaciones sociales de las capacidades diferenciales.
Los cinco objetivos de la política pública son:
- Adoptar medidas para el desarrollo de capacidades, la autonomía y la atención integral, diversa y diferencial de la población con capacidades diferenciales.
- Garantizar su participación y representación en diferentes escenarios y espacios, en condiciones de igualdad y equidad, con paridad.
- Establecer medidas para la eliminación de barreras y el disfrute del entorno, territorio y medioambiente, como escenarios de interacción social accesibles e incluyentes.
- Promover acciones afirmativas para la garantía de derechos y estrategias de transformación de paradigmas, estereotipos y representaciones sociales que fortalezcan su reconocimiento como sujetos de derechos.
- Fortalecer las redes de apoyo y cuidado a partir de acciones individuales, familiares, colectivas, institucionales y sociales, bajo los principios de autonomía e independencia, en el marco de la garantía de sus derechos.
Según Margarita Barraquer, secretaria de Integración Social, esta política fue construida con participación de la población beneficiada, “cuenta con aportes directos de quienes sufren de alguna capacidad diferencial. Así, la comunidad se apropia de esta política y tiene una participación activa y efectiva en todas las localidades”, indicó la funcionaria.
Con la iniciativa el Distrito pretende un aumento del 4% en los recursos de inversión directa de los Fondos de Desarrollo Local, la vinculación de más de 106.000 personas con capacidades diferenciales y a 95.000 personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales a la Red de cuidado y salud colectiva de la rehabilitación basada en comunidad.
Además, plantea realizar cerca de 3.000 adecuaciones de infraestructura física de paraderos en términos de accesibilidad, con módulos braille, zonas de espera adecuadas y mobiliario.
Igualmente, busca implementar el registro de personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales, capacitarlas en temas de fortalecimiento empresarial y productivo, brindar formación en habilidades para el trabajo y establecer una ruta de empleabilidad para la inserción laboral de esta población y de las personas que las cuidan, entre otros objetivos.
Por su parte Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de la ciudad, señaló que la nueva política busca promover educación y empleabilidad sin barreras. “Queremos la equidad y la autonomía para todos, y por eso incluimos en la política no solo a las personas en situación de capacidad diferencial, sino a sus familias y cuidadores”.
En temas de educación, uno de los objetivos es formar en disciplinas deportivas priorizadas a 43.770 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades diferenciales; y entregar apoyo técnico, científico y social a 5.760 deportistas con capacidades diferenciales de alto rendimiento.
La nueva política define a la Secretaría Distrital de Integración Social como ente rector, encargado de hacer seguimiento con un índice para medir los niveles de inclusión social y productiva de las personas con capacidades diferenciales en cuatro dimensiones: educación e inclusión digital; salud, bienestar, protección y cuidado; cultura, recreación y deporte; y empleo y emprendimiento.
