La Personería de Bogotá advirtió que en la ciudad existen cerca de 200 establecimientos comerciales en 19 localidades que operan bajo la fachada de sindicatos, y anunció que este listado será entregado a todas las autoridades competentes, incluido el Ministerio de Trabajo, para que ejerzan vigilancia y control sobre estos centros de diversión.
Según el órgano de control, en muchos de estos lugares se permite el ingreso de niños, niñas y adolescentes y se han identificado casos de trata de personas, venta de licor a menores, consumo de alucinógenos y presencia de armas cortopunzantes y de fuego, vulnerando las normas penales y los requisitos legales para funcionar como establecimientos de comercio.
“Aquellos que han venido funcionando sin el lleno de los requisitos para establecimiento comercial y con vulneración de derechos laborales deben ser inspeccionados por las autoridades del orden nacional y distrital”, señaló el personero distrital, Andrés Castro.
Durante una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Secretarías de Gobierno y Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá, y la Personería de Facatativá, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que las autoridades pueden sellar cualquier establecimiento comercial que se ampare en la figura de “sindicato” si no cumple con los requisitos legales para su funcionamiento.
El ministro se comprometió además a expedir una circular aclarando que el registro de un sindicato no habilita a estas organizaciones para operar como establecimientos comerciales, por lo tanto, las autoridades pueden ejercer inspección, vigilancia y control sobre ellos y verificar el cumplimiento de las normas.
Durante el encuentro se alertó también que el funcionamiento irregular de estos supuestos “sindicatos” no solo se presenta en Bogotá, sino que se ha convertido en un fenómeno de alcance nacional.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, reconoció el liderazgo de la Personería de Bogotá como articulador entre la Nación y el Distrito para coordinar acciones interinstitucionales que permitan enfrentar esta práctica ilegal.