La Defensoría del Pueblo alertó que entre enero y agosto de este año, se registraron 1080 conflictos sociales, que representa un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando se registraron 804.
La mayoría de estos eventos ocurrieron en 310 municipios, en el que el 15% de ellos se registraron en Bogotá, seguido por Magdalena, 7%; Bolívar, 7%; Santander, 7%; Antioquia, el 6%; Valle del Cauca, 5%; Atlántico, 5%, La Guajira, 5%; Norte de Santander, 4% y Cauca, 4%.
Los conflictos que han tenido una mayor relevancia fueron los conflictos laborales (16%), por la garantía al derecho a la educación (15%), por la inversión o presencia estatal (12%), en el sector transporte (11%), por el derecho a la vida, integridad y seguridad (11%).
“Es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”, señala el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones del Estado o de particulares fueron los bloqueos o cortes de ruta (40% de los eventos), plantones o concentraciones (28%), marchas o movilizaciones (13%), paros cívicos o cese de actividades (7%).
La ocupación o toma de instalaciones incrementó 100%; las huelgas de hambre: 143%, y los paros cívicos/cese de actividades llegó al 114%.
Si bien los primeros ocho meses de 2023 se caracterizaron por las movilizaciones promovidas por el Gobierno a favor de las reformas que han cursado trámite en el Congreso, y las impulsadas por la oposición, las marchas registraron una disminución del 5%.
