La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su preocupación por la apertura de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación a los alcaldes de Bogotá, Cali, Ibagué, Riohacha y Valledupar por una presunta omisión para enfrentar el hacinamiento en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata.
Los alcaldes de las ciudades capitales señalaron que radicaron un proyecto de ley en el Congreso de la República que ofrece salidas al problema del hacinamiento, a partir de las responsabilidades sobre la atención a la población carcelaria y las fuentes de financiación para cumplir con ese objetivo.
La propuesta busca que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de todas las personas privadas de la libertad, tanto sindicadas como condenadas, por lo que hacen un llamado al legislativo para que se dé esta discusión.
Los mandatarios le hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación para revisar el alcance de la sentencia que involucra a los municipios y la nación en la búsqueda de nuevos cupos y financiación para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria existente, la construcción de cárceles y todas las medidas para garantizar la habitabilidad digna de la detención preventiva.
Aunque varias ciudades capitales cuentan con los recursos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, no se ha garantizado los permisos del Gobierno Nacional para avanzar con estos proyectos.
Frente a este tema la alcaldesa (E) de Bogotá, Edna Bonilla, señaló que, si bien respeta la institucionalidad, el llamado del órgano de control es a todas las ciudades del país para que se atienda con el problema de hacinamiento.
Asocapitales invitó al Gobierno Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y las entidades territoriales para trabajar en equipo y solucionar la crisis carcelaria.
