Tras una revisión a los contratos ejecutados en las Alcaldías Locales de Kennedy y San Cristóbal, la Veeduría Distrital reveló una presunta cartelización por una misma persona.
Según el órgano de control, tres personas que pidieron limitar el proceso de selección a micro, pequeñas y medianas empresas en Kennedy, hicieron en San Cristóbal la misma solicitud sin presentar una oferta.
Una situación similar se detectó en el caso de un contrato de apoyo logístico y operativo para la realización de los eventos artísticos y culturales en la navidad de la localidad por 240 millones de pesos.
Según la Veeduria, los proponentes que si presentaron su oferta en los diferentes procesos, denuncian que la firma que estaría cartelizando la contratación no se presentó a ninguna de las licitaciones, situación que ya se había denunciado por parte de la entidad y también por varios concejales.
Cómo se desarrolló el proceso de investigación
La entidad revisó los procesos de contratación del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal entre julio de 2020 y junio de 2021, evidenciando fallas en las etapas contractuales de contratos celebrados por esta alcaldía. Para ello, se seleccionaron 50 expedientes contractuales por más de 21.220 millones de pesos, principalmente en contratación directa.
Se detectaron debilidades en la publicidad en el SECOP, el diligenciamiento del Formato Único de Hoja de Vida, el análisis del valor estimado del contrato, la definición de perfiles en los contratos de prestación de servicios, el cumplimiento de la política “Talento no Palanca”, el uso de matrices de riesgos previsibles, la ejecución de contratos antes de contar con la cobertura de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, la gestión documental de los expedientes y la inclusión de cláusulas excepcionales que no pueden pactarse.
Frente a ciertos contratos objeto de evaluación, se encontró que se publicaron adendas por fuera del plazo máximo legal. Así mismo, que el Alcalde Local se habría desentendido de la supervisión de algunos contratos, que algunos iniciaron su ejecución antes de contar con los requisitos y varios no fueron liquidados oportunamente.
La Veeduría Distrital remitió el informe a la Superintendencia de Industria y Comercio para que determine si este modus operandi constituye una práctica de cartel restrictiva de la competencia. Dicho informe también fue enviado a la Fiscalía General de la Nación.