Tras la decisión del Distrito de trasladar a cerca de mil indígenas Emberá —actualmente ubicados en la UPI La Rioja y el Parque Nacional— a la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), residentes del sector del Salitre manifestaron su inconformidad con la medida, realizando protestas en inmediaciones del predio.
La comunidad expresó su rechazo al considerar que no existen garantías de seguridad y que el alto flujo de buses provenientes de la Terminal de Transportes representa un riesgo para los menores de edad que hacen parte de la población indígena.
A esta postura se sumó el concejal de la Alianza Verde, Julián Espinosa, quien criticó la decisión del Distrito de instalar a la comunidad en el predio del barrio Montevideo.
“La Alcaldía de Bogotá toma esta decisión de forma unilateral, sin consultar a los vecinos del sector que serán directamente afectados. Mientras asegura que ha concertado con distintos actores, excluye precisamente a la ciudadanía que vive junto al IDPAC, en barrios que ya cargan con múltiples impactos urbanísticos y sociales”, afirmó el concejal.
Espinosa recordó que barrios como Montevideo, Salitre, Salitre Greco, La Esmeralda, Quirinal y Pablo VI enfrentan múltiples presiones derivadas de eventos frecuentes en el Parque Simón Bolívar, la construcción del centro de espectáculos Vive Claro, la actividad permanente en El Campín, la conflictividad alrededor de la Terminal de Transporte y el crecimiento de la habitabilidad en calle.
“Ahora, sin diálogo ni planificación, se les impone también la llegada de la comunidad Emberá”, enfatizó el cabildante.
Frente a las críticas, la consejera de Paz del Distrito, Isabelita Mercado, explicó que esta relocalización será diferente a la que se vivió en la UPI La Rioja, pues contará con mayores controles institucionales y corresponsabilidad por parte de la comunidad indígena.
“Este es un traslado que arranca con un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Existe un acuerdo de corresponsabilidad: los voceros de la comunidad serán responsables de las acciones de sus integrantes y del cuidado del espacio”, aseguró Mercado.
La funcionaria agregó que el predio fue elegido por tratarse de un espacio cerrado, lo cual facilita el control y la protección, especialmente considerando que el 50 % de la población Emberá está compuesta por menores de 18 años.
“Lo más importante es lograr un acuerdo de convivencia. Bogotá no puede ser una ciudad que segrega o que actúa de forma sectaria. Tenemos que encontrar formas de convivir mejor”, concluyó Mercado.
La funcionaria también aclaró que, en caso de presentarse daños, estos serán atendidos por las autoridades competentes. Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se adelanten los trámites contractuales necesarios para concretar el traslado, aunque aún no se tiene una fecha definida para su ejecución.