El Concejo de Bogotá expresó su preocupación por la remuneración que recibirá la ciudad en el contrato de operación del polígono del estadio El Campín.
Según el acuerdo con la empresa Esencia, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) solo percibiría un 1 % de los ingresos hasta que el proyecto alcance su punto de equilibrio financiero, lo que podría tardar varios años. Esto ha generado inquietud sobre la rentabilidad inicial del contrato y su impacto en las finanzas de la ciudad, según información de Daniel García, director el IDRD, se refirió al tema de la siguiente manera: «La remuneración del 1% para Bogotá en el contrato del polígono de El Campín ha generado inquietud en el Concejo, ya que solo aumentará al 23% en los años 22 o 23 del acuerdo, mientras persisten dudas sobre cuándo debe empezar a aplicarse y la necesidad de garantizar ingresos efectivos desde el inicio del proyecto».
Otro aspecto en debate es el momento en que debe empezar a aplicarse esta remuneración. Mientras algunos sectores consideran que el pago debe realizarse desde la entrega del acta de inicio, otros sostienen que solo comenzaría a contar desde la fase de construcción.
Esta falta de claridad ha llevado a negociaciones con la empresa encargada para asegurar que los ingresos sean efectivos desde el inicio del proyecto y evitar posibles pérdidas para la ciudad.
Desde el Concejo también ha resaltado la importancia de hacer un seguimiento estricto al cumplimiento del contrato para garantizar que Bogotá reciba mayores beneficios en el largo plazo: «Cuando este proyecto empiece a generar ingresos, vamos a tener que pensar si vamos a tener recursos suficientes para poder garantizar el mantenimiento de parques en la cuidad que creo yo es, la reflexión más importante que tenemos, que lo decíamos en nuestro debate previo de oposición y es, Bogotá sabe hacer cosas, pero no sabe mantenerlas», afirmó el Concejal Juan Daniel Oviedo.
Se proyecta que la remuneración para el Distrito aumente al 23 % en los años 22 o 23 del contrato, que tiene una duración total de 29 años.
Sin embargo, persisten dudas sobre la viabilidad financiera del acuerdo y la necesidad de ajustar sus condiciones para asegurar una compensación justa para la ciudad.