Desde la mañana del lunes, decenas de padres de familia se congregaron en el Hogar Infantil Canadá, administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y ubicado en el sector de Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, para denunciar que al menos 12 menores habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de uno de los docentes del plantel.
Los padres señalan como presunto responsable a Freddy Castellanos, quien estaba a cargo de un grupo de 21 niños y niñas entre los 2 y 3 años. Según los testimonios, algunos menores incluso han requerido atención médica y se encuentran hospitalizados. Sin embargo, denuncian que las directivas del hogar no ofrecieron información clara sobre lo sucedido.
Los reclamos también fueron dirigidos a la coordinadora del jardín, quien, de acuerdo con los familiares, se mantuvo en una de las oficinas del lugar sin brindar ninguna explicación frente a las graves acusaciones.
De los doce casos presentados ante la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones preliminares señalan que siete han sido confirmados como casos de abuso.
Frente a esta situación, el ICBF ordenó el cierre preventivo del hogar infantil y anunció el inicio de actuaciones disciplinarias para establecer si los funcionarios públicos y supervisores del contrato actuaron conforme a los protocolos establecidos ante denuncias de este tipo.
Durante el cierre temporal, el ICBF brindará acompañamiento psicosocial y ofrecerá alternativas de atención en otras unidades de servicio para las familias afectadas, mientras se adelantan las acciones necesarias para restablecer condiciones de operación bajo el debido proceso.
“Igualmente, se ha determinado la presencia de equipos defensoriales para el acompañamiento de las familias que lo consideren necesario; con ello podrán contar con abogado, psicólogo, trabajador social y nutricionista para reportar situaciones particulares en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos, en colaboración permanente con la Fiscalía General de la Nación”, indicó el ICBF en un comunicado.
Por su parte, la Secretaría de Integración Social del Distrito realizó una visita al centro educativo y confirmó que se trata de un jardín administrado directamente por el ICBF, sobre el cual el Distrito no tiene competencia administrativa ni funciones de inspección, vigilancia y control. En consecuencia, el caso fue remitido al ICBF para que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas afectados.
Se espera que la Fiscalía, la Procuraduría y el ICBF avancen con celeridad en el esclarecimiento del caso, garantizando justicia para las víctimas y sus familias, y evitando que hechos como estos se repitan.